El presidente Javier Milei anunció en la noche del 3 de septiembre de 2026, mediante una cadena nacional, el envío al Congreso de un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra empresas que realicen o asistan tareas de exploración y explotación hidrocarburífera en torno a las Islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires. El anuncio estuvo acompañado por la promesa de mayores partidas para el Ministerio de Defensa y la prioridad asignada a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.
La iniciativa legislativa apunta directamente a la cuenca de Malvinas Norte, donde la firma británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum desarrollan el proyecto petrolero Sea Lion. Según las estimaciones que manejan los operadores privados, el yacimiento cuenta con reservas recuperables calculadas en cientos de millones de barriles de crudo. Las acciones de ambas compañías registraron caídas en sus respectivas cotizaciones tras el discurso presidencial emitido desde la Casa Rosada.
Durante su alocución, Milei afirmó que existen "vientos de cambio" en el escenario geopolítico favorable al reclamo argentino de soberanía. Como argumento central de ese giro, el mandatario mencionó declaraciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que sugirió una revisión de la tradicional posición de neutralidad que Washington mantuvo respecto de la disputa territorial en el Atlántico Sur.
La respuesta desde Londres se conoció pocas horas después. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, sostuvo que la posición británica respecto de la soberanía de las islas es inquebrantable y remarcó que el derecho a la autodeterminación de los habitantes del archipiélago continúa siendo prioritario para el Reino Unido. Por su parte, el secretario de Defensa, Wes Streeting, atribuyó la ofensiva dialéctica del Gobierno argentino a necesidades de orden político interno.
El proyecto de ley prevé inhabilitaciones comerciales definitivas, penas económicas más severas y la prohibición de operar en territorio continental argentino para cualquier firma o subsidiaria vinculada a la cadena de suministro logístico de las plataformas en las islas. El texto normativo ingresará por la Cámara de Diputados para su tratamiento en comisiones.
