La Secretaría de Inteligencia de Estado devengó más de 7.200 millones de pesos en fondos reservados durante el primer semestre de 2026. Según un reporte de Los Primeros, la SIDE gastó 3.500 millones en solo dos semanas de junio, acelerando un ritmo de ejecución presupuestaria que contrasta con la parálisis del resto de la administración pública. Mientras el presidente Milei sostiene que la falta de recursos obliga a mantener congeladas las jubilaciones y los presupuestos de las universidades públicas, la caja de los espías estatales goza de buena salud presupuestaria.
El presupuesto total de la SIDE para 2026 asciende a 97.000 millones de pesos, de los cuales 19.000 millones corresponden a la categoría de gastos reservados, como detalló Perfil. Se trata de partidas secretas que no requieren rendición de cuentas pública, lo que permite al organismo mover fortunas sin dejar rastros de los destinatarios.
La SIDE gasta fortunas en espionaje secreto sin control público ni rendición de cuentas.
La fiscalización parlamentaria de estos fondos quedó en manos del propio oficialismo. El diputado nacional Sebastián Pareja, dirigente cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, fue designado como titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, de acuerdo con La Nación. Esta maniobra del Gobierno garantiza que la supervisión de las partidas de espionaje quede en familia, diluyendo cualquier posibilidad de un control legislativo independiente.
Frente a las críticas por el desvío de recursos, los funcionarios gubernamentales defienden el esquema operativo de la inteligencia nacional. Según Infobae, voceros oficiales afirmaron que el Decreto 941/25 no amplió las competencias del organismo sino que ordenó su estructura, traspasando la inteligencia criminal a la cartera de Seguridad nacional y focalizando los esfuerzos secretos en ciberseguridad. Sin embargo, la celeridad para devengar fondos secretos en plena recesión expone el doble estándar presupuestario de la gestión.
Desde los sectores sindicales y políticos de izquierda, el rechazo a esta asignación discrecional es absoluto. Voceros de Prensa Obrera denunciaron la contradicción ética de una administración que aplica el ajuste sobre la obra pública y la salud, pero aumenta los recursos destinados a las operaciones reservadas del aparato de inteligencia estatal. A su vez, legisladores de la oposición señalaron en PoliticArgentina la falta de transparencia institucional que rodea a la Jefatura de Gabinete en la supervisión de estos millones.
El incremento de la actividad secreta de la SIDE demuestra que la motosierra fiscal tiene zonas de exclusión. La austeridad oficialista se detiene justo en la puerta de los organismos de espionaje estatal.
