Como siempre insisto desde este espacio, existe una distancia insalvable entre las puestas en escena que el oficialismo monta frente a las cámaras y la realidad cruda que se firma bajo la luz del Boletín Oficial. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026 es el ejemplo más nítido de esta dinámica: bajo la excusa de una supuesta modernización del Estado y la reducción del gasto público, el gobierno de Javier Milei disolvió el histórico Ministerio del Interior y concentró toda la botonera política del país en la Jefatura de Gabinete conducida por Diego Santilli. No estamos ante un ahorro administrativo, sino ante una fenomenal centralización de poder diseñada para saltear al Congreso y blindar las riendas de la negociación provincial, en medio de un ajuste feroz que siguen pagando los jubilados y los trabajadores.
La firma del DNU 571/2026 sepulta un ministerio clave y consagra a Santilli como un superministro con atribuciones sin precedentes, tal como analiza el portal jurídico Palabras del Derecho. A partir de esta reforma de la Ley de Ministerios, la Jefatura de Gabinete absorbe el manejo directo de la relación con las provincias, el reparto de los fondos federales y el control absoluto del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y de la Dirección Nacional Electoral (DINE). Este traspaso de competencias convierte a Santilli en un superministro con control centralizado sobre el territorio, como advierte El Destape. Es decir, las bases de datos de identidad de todos los argentinos y la organización de los próximos comicios pasan a estar bajo la órbita directa del jefe de Gabinete y sus operadores más cercanos.
Los nombres del nuevo organigrama político
Para sostener este esquema de concentración, el decreto oficializa una estructura paralela con la creación de dos nuevas vicejefaturas que reportan a Santilli. Al frente de la Vicejefatura de Gabinete se designó a Guillermo Ignacio Devitt, un politólogo de la UCA con un extenso historial de cabildeo en multinacionales tabacaleras y el sector financiero, estrechamente vinculado al entorno de Karina Milei. El segundo cargo clave, la Vicejefatura de Gabinete del Interior, quedó para Gustavo Javier Coria, un colaborador histórico de Santilli que arrastra denuncias de la oposición por su gestión en la seguridad porteña y su paso por el CEAMSE, según advierte Prensa Obrera.
Esta reorganización consolida formalmente el pacto político entre La Libertad Avanza y el PRO. La llegada de Santilli para suplantar a Manuel Adorni, eyectado de su cargo en medio de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia, ya había anticipado la fusión de hecho de ambas fuerzas.
Con el DNU 571/2026, la alianza se sella en la letra de la ley. Mientras los medios oficialistas celebran la supuesta adquisición de "músculo político" para destrabar leyes y alinear gobernadores, como destaca el análisis de La Nación, la realidad es que el gobierno utiliza la vía del decreto para evitar cualquier tipo de debate legislativo sobre el control electoral y el manejo del federalismo.
Control de caja e impunidad
El traspaso de competencias va mucho más allá de la relación política. Al absorber el Renaper y la DINE, el Ejecutivo se queda con el control discrecional de la caja política y del sistema de votación, sin necesidad de consensuar reformas con las minorías parlamentarias. Además, la Jefatura de Gabinete de Santilli asume la tutela de Parques Nacionales, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), según enumera el detalle de la transferencia publicado por Clarín. Se trata de un botín fenomenal de tierras fiscales, recursos naturales y facultades de privatización directa.
Mientras tanto, en las provincias y en los barrios la crisis social sigue su curso sin que este reordenamiento del gabinete aporte una sola respuesta. El gobierno que prometía barrer con la casta y sus privilegios utiliza la necesidad y urgencia para multiplicar secretarías presidenciales como la de Vocería o la de Comunicación y Medios, y acomodar a su propia tropa corporativa en los despachos oficiales. El desguace del Ministerio del Interior no achica el Estado para los de arriba, sino que centraliza sus herramientas de coacción y control político para que los de abajo sigan pagando el costo del ajuste perpetuo.
