Como periodista dedicada a leer la letra chica de cada proyecto oficial y seguir la ruta de las negociaciones, observo que la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli acelera en el Congreso las gestiones para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tal como consignó Infobae, el proyecto ya tiene estado parlamentario desde abril de 2026 en el Senado, y las gestiones se concentran en alinear a los bloques aliados para votar la supresión definitiva. Bajo la excusa de un supuesto ahorro fiscal y la necesidad de simplificar el calendario electoral, los estrategas de Javier Milei esconden un cálculo meramente especulativo: fragmentar el voto de la oposición y consolidar el terreno político para su reelección en 2027.
La maniobra se sostiene sobre una intensa negociación con gobernadores y bloques legislativos en la que los funcionarios del Ejecutivo ofrecen habilitar las listas colectoras provinciales como moneda de cambio para asegurar los 37 votos requeridos en la Cámara alta. Este esquema, detallado en los reportes de Perfil, permite a las fuerzas locales aliadas de la UCR y partidos provinciales mantener sus estructuras locales unidas en las categorías parlamentarias mientras adhieren a la postulación presidencial de Milei, resignando las primarias a cambio de conveniencias territoriales.
Los funcionarios de la Casa Rosada insisten en el supuesto ahorro fiscal del Estado. Según un informe publicado por La Nación, el gasto electoral estimado por la eliminación de las primarias oscila entre los 220 y 300 millones de dólares. A esto se le suma la defensa oficialista sobre la baja competitividad interna de los partidos en las últimas primarias, descrita en los reportes de Clarín como una muestra de la inutilidad de mantener un mecanismo obligatorio que fatiga a la ciudadanía y carece de internas reales.
Sin embargo, detrás de la pantalla del ajuste del gasto político se oculta la verdadera preocupación oficial. Fuentes directas del oficialismo, citadas por el medio El Destape, admiten sin eufemismos que si el gobierno no logra suprimir las PASO, la reelección de Milei estará seriamente comprometida en 2027. Con la disolución de las primarias obligatorias, los estrategas oficiales buscan clausurar la única herramienta institucional que le permite a la oposición unificar sus filas y aglutinar el voto descontento contra el modelo económico de desregulación y ajuste social.
En sus canales de comunicación habituales, el presidente Milei insiste en justificar sus reformas acusando al Congreso y a las primarias de ser cotos de caza del gasto público tradicional, buscando validar su modelo de acumulación a través del recorte del gasto del Estado:
La manipulación de las reglas del juego democrático a conveniencia del Ejecutivo representa una degradación institucional grave. Mientras el ajuste fiscal implementado por el gobierno deprime el consumo, desfinancia a las universidades públicas y licúa los haberes jubilatorios, la Jefatura de Gabinete de Santilli gasta su energía política en reformas diseñadas a la carta de la supervivencia electoral oficialista. Esta negociación revela la hipocresía de una gestión que dice combatir los vicios corporativos de la política tradicional mientras negocia la implementación de listas colectoras para blindar los votos legislativos.
La supresión de las primarias responde a la necesidad de blindar el ajuste de un castigo unificado en las urnas, relegando el promocionado argumento del ahorro fiscal.
El debate legislativo que se aproxima en el Senado será clave. Los gobernadores que reclaman autonomía partidaria, como se ha advertido en debates reflejados por Página/12, enfrentan el dilema de ceder a la presión presupuestaria de la Nación o defender el ordenamiento interno que garantizaban las elecciones primarias. Los senadores y diputados decidirán si convalidan una reforma electoral hecha a la medida del poder de turno o si preservan los mecanismos democráticos de representación popular.
