Empiezo por el número, porque el número es lo único que nadie discute. Más de la mitad de los reportes que los operadores de modificación climática le presentan al gobierno de Estados Unidos tienen errores. Lo dice, en febrero de este año, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), el auditor del Congreso, en un informe de treinta y tres páginas que nadie leyó fuera de Washington y que ahora, seis meses después, sostiene sin querer la premisa de una historia que se está escribiendo en treinta y siete legislaturas estatales.

La agencia que debería vigilar todo esto es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la única con esa responsabilidad desde una ley de 1972. La GAO revisó una muestra representativa de sus reportes y encontró que el 38% de los formularios iniciales tiene un error, el 34% dos, el 6% tres y el 1% cuatro: apenas el 22% llega limpio. NOAA no tiene una guía escrita para revisar esos papeles ni un proceso para avisarle a los operadores, a los gobiernos locales o al público cuál es exactamente su rol. La GAO hizo tres recomendaciones. El Departamento de Comercio y NOAA las aceptaron, sin discutir el diagnóstico.

Ahí está el hecho verificable: un cuerpo de auditoría federal, sin agenda ideológica, describe una supervisión rota sobre una actividad que sí existe, que sí se practica y que sí se reporta, mal.

Treinta y siete estados le temen al cielo

A la fecha del informe, treinta y siete estados más el propio Congreso tenían proyectos para prohibir la geoingeniería solar y la modificación climática. Tennessee, Florida y Luisiana ya convirtieron esa prohibición en ley; Montana y Texas la aprobaron con una excepción para la siembra de nubes contra la sequía, la técnica más común y la única con documentación pública seria.

Florida es el caso que mejor se lee. La senadora estatal Ileana García presentó el proyecto en noviembre de 2024. La Cámara lo aprobó el 30 de abril de 2025 y el gobernador Ron DeSantis lo firmó días después. La ley convierte en delito grave de tercer grado liberar cualquier sustancia en la atmósfera con la intención de alterar la temperatura, el clima o la luz solar, con hasta cinco años de cárcel y cien mil dólares de multa, deroga los permisos de modificación climática que existían antes de la ley, y obliga a cada aeropuerto público a reportar mensualmente su propio equipamiento de geoingeniería, como si el aeropuerto fuera sospechoso por default.

La representante estatal Anna Eskamani votó en contra y dejó una frase que vale como resumen del lado escéptico:

"Esta ley alimenta teorías conspirativas, y creo que es importante que no legislemos bajo ese tipo de presión, sino que legislemos según la ciencia."

Dos proyectos, un mismo origen

En el Congreso el intento más ruidoso fue la Clear Skies Act de la representante Marjorie Taylor Greene, que hubiera convertido la modificación climática en delito federal. Greene la anunció el 5 de julio de 2025, el mismo día en que una inundación repentina en Texas dejaba cientos de personas varadas y una ola de teorías sin evidencia sobre "tecnología climática" corría por redes más rápido que el agua. El proyecto murió en comisión.

Lo que sigue vivo es otra cosa: la Air Quality Act, presentada el 9 de febrero de 2026 por el representante Greg Steube, que busca la primera prohibición federal amplia de la geoingeniería y derogaría cualquier autoridad existente que hoy la permita. Sigue en comisión, pero sigue.

Lo que responde Washington, con la misma boca que auditó el desastre

La Agencia de Protección Ambiental sostiene, en su página oficial de preguntas frecuentes, algo tajante: "El gobierno federal no tiene conocimiento de que jamás se haya formado intencionalmente una estela de condensación sobre Estados Unidos con fines de geoingeniería o modificación climática." Agrega que ninguna dependencia federal prueba ni despliega geoingeniería solar al aire libre, y que las estelas detrás de los aviones son condensación del motor, el mismo fenómeno que el aliento en un día frío.

Dos verdades conviven sin tocarse. La EPA audita y niega el programa oculto. La GAO audita y confirma que la supervisión del programa declarado, legal, reportado, es floja. Ninguna de las dos contradice a la otra. El problema es que una sola de las dos alcanza para escribir treinta y siete leyes.

Un siglo de precedente, no de rumor

Nada de esto nace de la nada. Natural News reconstruyó en enero el historial documentado: en 1916 San Diego contrató al "hacedor de lluvia" Charles Hatfield para cortar una sequía, y sus métodos fueron seguidos por semanas de lluvia torrencial e inundaciones catastróficas. En 1947 el ejército y General Electric lanzaron el Proyecto Cirrus, el primer intento de modificar un huracán con hielo seco. Durante la guerra de Vietnam, la Operación Popeye sembró nubes para estirar los monzones y cortar las rutas de abastecimiento del enemigo. La propia ley de 1972 que hoy NOAA administra mal nació de ese historial, y opera con un sistema de autorreporte sin verificación ni sanción; en 35 estados directamente no exige permiso.

El 27 de mayo de 1962, en un discurso en la Southwest Texas State University, el entonces vicepresidente Lyndon Johnson habló del control del clima desde el espacio y dijo:

"Quien controle el clima controlará el mundo."

Sesenta y cuatro años después, ese verso dejó de ser una curiosidad de archivo. Es el epígrafe que treinta y siete legislaturas parecen haber tomado en serio, cada una a su manera.

La lectura que propone Global Research

Según la lectura que circula en Global Research, de la mano de Peter Koenig, exfuncionario del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud, la "inestabilidad climática" es un eufemismo: bajo esa palabra se esconde una geoingeniería que dejó de ser experimento y empezó a ser arma, en la serie que el sitio construyó desde hace años, con el profesor Michel Chossudovsky, bajo el título de "guerra climática", rastreando antecedentes técnicos hasta la Segunda Guerra Mundial.

No hay documento público que sostenga esa lectura con la misma solidez que el informe de la GAO. Es una interpretación, presentada como tal por quien la firma, distinta de un hallazgo auditado. Funciona como el resto de las conjeturas de este oficio: sirve para explicar por qué tanta gente, en tantas legislaturas, decidió actuar como si algo estuviera pasando, más que para establecer qué pasó realmente.

Un mapa con treinta y siete estados coloreados no prueba una conspiración. Prueba, como mínimo, un miedo lo bastante extendido como para escribirse en un código penal.

Quedan, sin cerrar, dos preguntas que no son la misma. Qué hace un legislador cuando no puede distinguir una teoría de un hecho, y si el gobierno que hoy publica el informe que expone su propio descontrol es el mismo en el que se supone que había que confiar cuando dijo, hace medio siglo, que todo esto ya estaba controlado.