El mismo gobierno que frena una ley sale, semanas después, a prometer en un presupuesto lo que esa ley pedía. Milei vetó el aumento jubilatorio y, en su momento, la ley de financiamiento universitario; ahora anunció que el Presupuesto 2026 traerá subas reales, por encima de la inflación: 5% para jubilaciones, 8% para educación y 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales. El anuncio es real. La pregunta es por qué hizo falta vetar primero lo que ahora se promete.
Lo que se frena y lo que se anuncia
Hay una distancia, y conviene no saltearla. La ley de financiamiento universitario actualizaba las partidas por inflación y reabría la paritaria docente; quedó a un voto de los dos tercios para voltear el veto (158 a favor, 75 en contra, 5 abstenciones, según la cobertura parlamentaria). El presupuesto, en cambio, fija el número que decide el propio Ejecutivo. No es lo mismo una actualización automática escrita en una ley que un porcentaje que el Gobierno promete y puede recalcular: una obliga, el otro depende de la firma.
El número contra la cifra
Un aumento "real del 8%" para educación suena bien hasta que se lo compara con lo que la ley vetada garantizaba y con la inflación que volvió a acelerarse. La diferencia entre prometer una suba por decreto y sostener una por ley es la diferencia entre un gesto y una obligación. Por eso el veto importa tanto como el anuncio: el primero saca del camino la regla; el segundo deja el número a discreción.
La disciplina de leer las dos
No le pido que elija un bando; le pido que lea las dos cosas juntas. Se vetó la ley que ataba la mano del Ejecutivo y se prometió, después, una suba que esa misma mano puede mover. Quien se quede solo con el titular del presupuesto se pierde la mitad de la historia, que es siempre donde está lo que importa.
