Las publicaciones de Cecilia Ce en Instagram, del 24 y 25 de junio, y los testimonios que se sumaron después no son una sentencia ni un expediente: son denuncias públicas. Al cierre de los reportes no hay causa penal, imputación ni citación contra Ignacio Levy. Esa distinción, que suena técnica, es la que ordena todo lo demás.

Qué hay y qué no hay en tribunales

Diario Río Negro lo dice sin matices: "no se han registrado denuncias judiciales formales ni presentaciones en sedes públicas" contra el referente de La Poderosa. El caso vive, por ahora, en el terreno de la exposición pública: capturas, posteos y relatos que circulan en redes.

Para que se abra un proceso, según ese mismo medio, alguna de las denunciantes debería radicar la denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) o una comisaría de la mujer. Recién ahí las conductas que describió Ce —control en redes, privación del sueño, manipulación, lo que sintetizó como un patrón "metódico y persistente"— podrían encuadrarse en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que tipifica la violencia psicológica. Hasta hoy ese encuadre es teórico: no hay parte que lo active.

Levy no presentó descargo. Su silencio, según reportaron Infobae y La Nación, respondería a un consejo legal: sin citación ni imputación, no hay nada formal que contestar. Río Negro, en cambio, solo registra el silencio, sin atribuirle una estrategia.

Creerle a la denunciante o esperar a la justicia

Sobre esos hechos se montan dos lecturas de principio, y cada una funda lo suyo.

La defensa de la denuncia pública la dio, en parte, la propia organización: ante las barreras de la justicia para la violencia psicológica —difícil de probar, lenta de tramitar—, hablar es una herramienta legítima. La Poderosa la encuadró en su protocolo de géneros y, a la vez, se despegó del escrache: "No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo". El eje, en esta clave, es creer en la voz de quien decide hablar.

La lectura garantista corre en sentido inverso: sin causa abierta rige la presunción de inocencia, la denuncia pública no reemplaza al proceso y Levy no fue señalado por ningún juez. Que un señalamiento en redes ya haya tenido consecuencias —su corrimiento de la organización— sin intervención judicial es, para esta posición, el problema, no la solución.

La grieta se mete en el medio

Lo que en otro caso sería un debate sobre métodos acá quedó atrapado en la grieta, y cada sector lo usa a su favor.

Desde el sector libertario y de derecha se leyó como una "doble vara" del progresismo. La Derecha Diario recogió a Yanina Latorre acusando que "estas kirchneristas solamente defienden chicas violentadas kirchneristas": el reclamo de "esperar a la justicia" aparece junto a la sospecha de selectividad.

Dentro del propio feminismo el caso abrió grietas. En Futurock, Julia Mengolini pidió "paciencia" —"esperemos un poquito"— y priorizó a la organización: "A nadie le importa ya el destino de Nacho Levy. Lo que importa ahora es la preservación de una organización social que tiene un trabajo impecable y muy valioso". Malena Pichot pidió que "el machirulo de siempre no manche el proyecto mayor". Otras voces feministas, como Julia Eva Saggini, las criticaron por intentar separar al hombre de la obra.

Y hay una voz que discute la premisa misma de que esto deba dirimirse como "debido proceso". Andrea D'Atri, de la izquierda, sostiene que exigir que el caso pase solo por los tribunales es, en sí, una operación política: "la ultraderecha promueve un discurso negacionista sobre la violencia de género" y le adjudica a las mujeres "una inexistente tendencia a promover 'falsas denuncias'", a la vez que les reprocha "no haber denunciado antes". Para D'Atri, ese doble reclamo —denuncien por la vía formal, pero después no les creemos— busca "disciplinar a las mujeres para que no denuncien".

Por qué este caso condensa el debate

La denuncia pública existe porque la justicia llega tarde, o no llega, sobre todo en la violencia psicológica, la más difícil de acreditar con prueba. Esa misma vía, que visibiliza lo que un expediente tardaría años en mirar, deja al señalado sin las garantías formales del proceso. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y por eso el caso no cierra con una sola campana.

El caso Levy condensa esa tensión en estado puro: sin causa, sin condena y sin descargo, pero con una consecuencia ya consumada y un arco político que lo lee como prueba de su propia tesis previa. Lo que se discute, en el fondo, no es la culpabilidad o la inocencia de un hombre —eso, sin proceso, nadie lo zanjó— sino quién tiene autoridad para decidirlo: los tribunales, la asamblea de una organización o la conversación pública. Por ahora, lo único firme es lo que no hay: ningún juez intervino.