GARRA AL-ZAWAYA, Sudán, 2 de agosto de 2026. Un ataque con drones de las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) mató a al menos 35 personas y dejó varias heridas en esta aldea de Darfur del Norte, a unos 150 kilómetros al oeste de El Fasher, según documentó Emergency Lawyers, una organización que releva abusos cometidos durante la guerra civil sudanesa. El bombardeo alcanzó un tribunal tradicional donde, según el testimonio de un vecino, se celebraba una audiencia "bajo un árbol, con la participación de líderes comunitarios" para resolver disputas locales. Entre los muertos hubo cuatro líderes tribales y dos comandantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), la facción que controla la aldea, de acuerdo con el mismo testigo. Las Fuerzas Armadas de Sudán no emitieron, hasta el cierre de esta nota, una declaración sobre el ataque.
Un patrón, no un hecho aislado
La guerra civil sudanesa enfrenta desde abril de 2023 al ejército regular con las RSF, su antigua fuerza aliada devenida rival. Solo en los primeros cinco meses de 2026, los ataques con drones mataron a más de 1.000 civiles en todo el país, según cifras de Naciones Unidas. El bombardeo de Garra al-Zawaya se suma a esa cuenta en un momento en que Darfur del Norte concentra buena parte del combate terrestre y aéreo entre ambos bandos.
En paralelo, drones volvieron a golpear El Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte, donde según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) los ataques ponen en riesgo a la población civil, la infraestructura y las propias operaciones humanitarias. OCHA emitió la advertencia el lunes 3 de agosto.
"Vamos a aprovechar cada oportunidad para ampliar la ayuda que salva vidas dentro y alrededor de El Obeid."
La frase es de Tom Fletcher, coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, quien pidió a las partes en guerra "desescalar, proteger a la población civil y garantizar el acceso humanitario".
La cuenta que no cierra
El propio organismo calcula en 2.900 millones de dólares lo que necesita este año para responder a la crisis humanitaria de Sudán. Hasta el momento del reporte, había recibido apenas 1.200 millones, poco más del 40 por ciento del total pedido.
Ninguna de las dos fuerzas enfrentadas aceptó, hasta ahora, un mecanismo de verificación independiente sobre el uso de drones contra población civil. La cifra de víctimas del 2 de agosto todavía no cuenta con una confirmación distinta de la que aportó Emergency Lawyers.
