Un relevamiento satelital de Greenpeace Argentina determinó que más de 60.000 hectáreas de bosque andino patagónico, una superficie equivalente a tres ciudades de Buenos Aires, fueron arrasadas por incendios forestales durante la última temporada de primavera y verano. Los focos más graves alcanzaron el Parque Nacional Los Alerces, El Turbio, Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo, y fueron, según la organización, los peores incendios patagónicos de las últimas seis décadas.
El coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini, sostiene que el fuego llega acompañado de decisiones políticas: tras lograr la flexibilización de la Ley de Glaciares, el Gobierno de Javier Milei impulsa ahora, según Giardini, el debilitamiento de la Ley de Manejo del Fuego y de la Ley de Bosques Nativos.
| La temporada de incendios, en números | Dato |
|---|---|
| Superficie quemada en la Patagonia andina | más de 60.000 hectáreas |
| Comparación con la temporada anterior | el doble |
| Comparación con el promedio 2022-2024 | diez veces más |
| Brigadistas de Parques Nacionales (actuales / necesarios) | 400 / 700 |
| Recorte al funcionamiento de Parques Nacionales | más de $ 2.500 millones |
La propuesta sobre la Ley de Bosques
El 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e integrado por funcionarios como Federico Sturzenegger y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, hizo pública una propuesta para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007 bajo el número 26.331. El proyecto apunta a la Categoría Amarilla, hoy reservada al uso sostenible y con el desmonte prohibido, para habilitar allí el cambio de uso del suelo. En la Categoría Verde busca reemplazar la autorización estatal previa por un simple aviso, delegar la fiscalización en profesionales privados y suprimir el Registro Nacional de Infractores.
La Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas, que reúne desde este año a entidades como la Red Agroforestal Chaco (REDAF), advirtió que la superficie de bosque nativo en riesgo de desmonte pasaría de 10 millones a cerca de 42 millones de hectáreas si la modificación avanza, y calificó la iniciativa de retroceso institucional grave e inédito.
La conservación efectiva del Chaco pasa por reconocer y garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y criollas
Lo sostiene Micaela Camino, investigadora del CONICET, integrante de REDAF y directora del Proyecto Quimilero, para quien la Ley de Bosques no necesita modificarse sino aplicarse, y la tenencia segura de la tierra para esas comunidades es la barrera más eficaz contra la deforestación.
El ingeniero forestal Sebastián Keez, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales e investigador del INTA, ubica el problema en una sola cifra: la provincia de Chaco tenía más de 8 millones de hectáreas de bosque en la década de 1980 y hoy conserva cerca de 4,6 millones. Desde Misiones, Enzo Ortt, coordinador en Argentina del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, advierte que la reforma amenaza a la selva misionera, que alberga el 52% de la biodiversidad del país.
Lo que es cierto y lo que no sobre la Ley de Manejo del Fuego
Ninguna norma derogó la Ley 26.815, que en 2009 creó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, pese a versiones que circularon en ese sentido durante los incendios. Lo que el Consejo de Mayo propuso derogar son los artículos 22 bis, ter y quater, incorporados en 2020 a partir de un proyecto que impulsó el entonces diputado Máximo Kirchner y que se sancionó como Ley 27.353 en 2017: esos artículos prohíben actividades agropecuarias, loteos y ventas durante 60 años en predios con bosque nativo o implantado incendiado, y durante 30 años en zonas agropecuarias, pastizales o matorrales.
El financiamiento sí sufrió cambios concretos. En julio de 2025, el Gobierno disolvió por decreto el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, un mecanismo que se nutría de un aporte del sector asegurador para financiar de forma automática la prevención y el combate de incendios. Ese mismo año quedó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado a esa tarea, cerca de 20.000 millones de pesos, y el proyecto de Presupuesto 2026 prevé una caída real del 68,9% respecto de 2023 y del 71,6% respecto de 2025 para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Con la Emergencia Ígnea declarada recién semanas después de que los incendios quedaran fuera de control, y sin una partida propia que la acompañara, el fuego encontró este año una Patagonia con menos brigadistas, menos fondos y, según Greenpeace, dos leyes de protección ambiental más en la mira del Gobierno.
