Un análisis publicado el 20 de julio por Agencia Tierra Viva documentó que la presión sobre los acuíferos del norte argentino, como el Toba, se intensificó este año con el avance de la frontera agropecuaria hacia la región chaqueña, y conectó ese proceso con dos hechos que hasta ahora circulaban por separado: la asesoría técnica que la empresa estatal israelí Mekorot presta a doce provincias argentinas y la privatización en marcha de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la compañía que abastece de agua potable al Área Metropolitana de Buenos Aires.

De un lado, un modelo de gestión hídrica diseñado para un país desértico que hoy se aplica sobre cuencas, humedales y glaciares. Del otro, comunidades y provincias que denuncian no tener acceso a los términos de esos acuerdos.

Quién es Mekorot y qué hace en Argentina

Mekorot es la Compañía Nacional de Agua de Israel, fundada en 1937, once años antes de la creación del Estado israelí. Desarrolló los procesos de desalinización que hoy abastecen a gran parte de la población de ese país, según reconstruyó Agencia Tierra Viva. Su desembarco en Argentina se remonta a 2022, cuando una comitiva encabezada por el entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, viajó a Tel Aviv para conocer ese modelo de gestión.

Desde entonces, y formalizados en 2023, la empresa firma convenios de asesoramiento técnico y elaboración de Planes Maestros Hídricos con Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Mendoza, San Juan, Jujuy, Neuquén, Santiago del Estero y Santa Fe, además de asesorar a AySA en sus propios proyectos, según reconstruyó Economía Sustentable. En Chubut el contrato fue cancelado por resistencia social. El vínculo se canaliza a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un ente autárquico interjurisdiccional, y los convenios no pasan por el Congreso ni por las legislaturas provinciales.

Un contrato, un caso testigo

En Río Negro, el contrato de consultoría con Mekorot se firmó el 13 de febrero de 2023, por 18 meses prorrogables, con un costo de 1.500.000 dólares con impuestos incluidos. Incluye proyecciones de oferta y demanda de agua, la propuesta de una Autoridad de Regulación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, y un estudio sobre la necesidad de desalinizar agua para localidades rionegrinas.

Los acuerdos en general no pasan por las legislaturas de las provincias y después no se tiene conocimiento porque no aparecen en el Boletín Oficial ni en ninguna otra parte

Así lo describe Raquel Perier, doctora en Ciencias Naturales e integrante, desde Las Grutas, Río Negro, de la campaña "Fuera Mekorot". Perier señala además que la firma de estos convenios suele coincidir con provincias que tienen grandes acuíferos, humedales (como Chaco y Santa Fe), salares y glaciares, y que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) da prioridad al uso del agua por parte de una empresa minera por sobre el de una comunidad.

Las legisladoras rionegrinas Magdalena Odarda y Ayelén Spósito, impulsadas por el reclamo de la multisectorial Golfo San Matías y la Fundación Inalafquen, lograron acceder al contrato con Mekorot. Odarda presentó un proyecto de ley para derogarlo y, el 20 de abril de este año, un nuevo pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial y al CFI por el incumplimiento en la entrega del informe final del contrato.

El abogado Jorge Oscar Daneri, de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AADEAA) y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, dice que en el caso puntual de Río Negro no encontraron una transferencia de decisiones institucionales de la provincia hacia Mekorot, pero que el Gobierno nacional nunca les entregó copia de los demás convenios pese a haber invocado por escrito la Ley 25.831 de acceso a la información pública ambiental y el Acuerdo de Escazú.

El otro lado del mapa: la ONU y Palestina

El rol internacional de Mekorot tiene un capítulo documentado por organismos de derechos humanos. El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, Michael Lynk, escribió en 2019 que, desde el comienzo de la ocupación militar en 1967, Israel estableció un control sobre el uso y aprovechamiento de todos los recursos hídricos palestinos, y que mientras la población israelí, incluidos los asentamientos, tiene abastecimiento de agua ilimitado todo el año, millones de palestinos sufren escasez por contaminación o falta de acceso. Amnistía Internacional documentó restricciones similares en su informe "The Occupation of Water", de 2017.

AySA, la otra pieza

En paralelo, el Gobierno nacional oficializó el 15 de mayo de este año, en el Boletín Oficial, el llamado a licitación pública para vender el 90% de las acciones estatales de AySA; el 10% restante queda en manos de los trabajadores a través de un Programa de Participación Accionaria. A fines de abril había firmado con la empresa un contrato de concesión por 30 años, prorrogables por 10 más, sobre su zona actual de operación, que cubre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Gran Buenos Aires. Según el último informe de sustentabilidad de la compañía, con datos de 2024, la cobertura de agua potable llega al 75,3% de la población de esa zona, y la de cloacas, al 63,4%.

Ni el Consejo Federal de Inversiones ni el Gobierno nacional hicieron pública, hasta el cierre de esta nota, la totalidad de los convenios firmados con Mekorot en las provincias donde opera.