MENDOZA, 25 de julio de 2026. La Dirección de Minería de Mendoza, que depende del Ministerio de Energía y Ambiente, publicó el lunes 20 de julio la Resolución 500 en el Boletín Oficial provincial. La norma aprueba un nuevo Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), el mecanismo que exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo antes de habilitar un proyecto que pueda afectar un territorio indígena, y reemplaza a la Resolución 130/2025 que regía hasta ahora para los proyectos mineros de la provincia.

La revisión llega después de que la Organización Identidad Territorial Malalweche, que nuclea a comunidades mapuche del sur mendocino, presentara un recurso administrativo contra la versión anterior. El reclamo apuntaba a dos cuestiones: la falta de una instancia previa de participación indígena durante la redacción del protocolo de 2025, firmado en abril de ese año por el entonces director de Minería, Jerónimo Shantal, y el entonces presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Claudio Avruj, y objeciones al contenido de algunas de sus disposiciones.

Javier Frías, coordinador del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería, explicó que la revisión es "el resultado de un proceso participativo desarrollado durante más de un año con comunidades indígenas de toda la provincia" y que se hizo "respetando los estándares del Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y la legislación provincial". El texto se apoya, además, en el artículo 54 de la ley provincial 9.529.

Lo que cambia el nuevo texto

El protocolo incorpora un principio de flexibilidad para adaptar el proceso a las características territoriales, culturales y organizativas de cada comunidad. Extiende los plazos de las distintas etapas y habilita prórrogas justificadas. Suma la figura de facilitadores, intérpretes, mediadores interculturales, observadores y apoyo técnico especializado, y permite que las instancias de diálogo sean presenciales, híbridas, descentralizadas o itinerantes, según lo que decida cada comunidad. También refuerza los principios de buena fe, transparencia, adecuación cultural y seguimiento de los acuerdos alcanzados.

La Dirección de Minería convocó, además, una nueva Mesa Intercultural para el 6 de septiembre, a las 14, en el Centro Cultural Municipal de Uspallata, con modalidad presencial y virtual y traslado gratuito para quienes quieran asistir.

La respuesta mapuche

Gabriel Jofré, werkén (vocero) de Malalweche, calificó el proceso como una conquista lograda "después de años de persecución y estigmatización" y marcó la distancia entre ese reconocimiento y el que tuvo la organización en 2023, cuando la Legislatura mendocina, con respaldo de funcionarios, aprobó una resolución que cuestionaba el carácter de pueblo originario de las comunidades mapuche de la provincia.

"Hace tres años decían que no existíamos, y ahora sí"

La cita, atribuida a Jofré, resume la tensión de fondo: la organización participa de la mesa de diálogo con el Gobierno provincial pero no confía en él. "Disputamos con mineras y petroleras, que tienen un poder mediático y judicial enorme", planteó el vocero, quien en mayo había denunciado desalojos de familias originarias ya ocurridos en lo que iba de 2026. Malalweche pide algo que el nuevo protocolo no resuelve: una ley provincial de consulta indígena que alcance a todos los sectores del Estado, no solo a la minería, y un registro provincial de comunidades con reconocimiento territorial.

La foto nacional

El caso mendocino se inscribe en una expansión minera que atraviesa a buena parte del país. Argentina concentra más del 17 por ciento de las reservas mundiales de litio dentro del triángulo que comparte con Bolivia y Chile, según describió Economía Sustentable. El mismo relevamiento ubica al menos 21 proyectos de cobre dentro o cerca de áreas protegidas, cinco de ellos junto al Parque Nacional San Guillermo, en San Juan, reserva de biosfera de la UNESCO. En Salta, la Reserva Natural Los Andes no tiene un plan de manejo efectivo desde hace más de 40 años mientras 14 de los 22 proyectos mineros relevados en la zona se superponen con salares de esa reserva.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que "numerosos proyectos se ubican en sitios protegidos por la Convención Ramsar" y que los estudios de impacto ambiental "no se ajustan a los estándares de la ley general del ambiente" en materia de información.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reclama, en la misma línea, que la consulta previa, libre e informada se aplique de manera efectiva antes de habilitar cualquier proyecto extractivo nuevo. La organización cita como antecedente el amparo que la Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar de forma parcial en marzo de 2024 y que frenó una explotación de litio en Antofagasta de la Sierra, a pedido de las comunidades de la zona.

En Mendoza, el próximo paso queda fijado para el 6 de septiembre. Lo que Malalweche pide, una ley que ordene la consulta indígena en toda la provincia, todavía no tiene fecha.