La Corte Suprema dejó firme el 25 de junio, por unanimidad, la cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario: actualización salarial del personal docente y no docente retroactiva al 1 de diciembre de 2023 e indexada por el INDEC, con paritarias trimestrales, y actualización automática de las becas por inflación. Según Chequeado, cumplir implica cerca de un 56% de aumento sobre los salarios de mayo de 2026, frente al 24,3% que ofreció el Gobierno, y subir las Becas Progresar un 95%, de $35.000 a unos $68.200. Milei vetó la ley en septiembre de 2025, el Congreso volteó el veto en octubre y el Ejecutivo la suspendió igual por decreto, hasta que el tribunal lo frenó.
Diputados sancionó el 24 de junio, por 139 votos contra 97 y sin abstenciones, la ley que autoriza pagar alrededor de US$171 millones a dos grupos de holdouts: unos US$67 millones a Bainbridge Ltd. y unos US$104 millones al grupo de Attestor Value Master Fund LP, mediante Delivery versus Payment y contra el plazo del 30 de junio fijado por la jueza Loretta Preska. La votaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales; la rechazaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. En paralelo, la beca Progresar sigue congelada en $35.000 desde 2024 y la Corte Suprema debió ordenarle al Gobierno cumplir la ley que actualiza salarios docentes y becas universitarias.
Santiago Caputo dirigió la campaña que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada y desde diciembre de 2023 ejerce como asesor presidencial sin un cargo que conste en los decretos: factura como monotributista. Sobre esa base mínima, la prensa argentina le adjudica la supervisión de la SIDE, el aparato de redes oficiales y la comunicación del Gobierno, más injerencia en nombramientos y privatizaciones. Hoy su disputa con Karina Milei por ese poder ordena buena parte de la interna libertaria.
Manuel Adorni dejó la vocería presidencial en junio y negocia su salida de la Jefatura de Gabinete. Detrás del eslogan de la "pauta cero", las empresas del Estado sostuvieron el gasto publicitario y la Secretaría que dirigió creció en presupuesto y personal. ¿Cuánto costó el adorno, y quién lo financió?
La Cámara de Diputados aprobó el llamado Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) por 130 votos contra 106 y 7 abstenciones, en la sesión de la noche del miércoles, según la HCDN; el proyecto pasa al Senado. El régimen garantiza por 30 años una alícuota de Ganancias del 15%, la mitad de lo que paga el RIGI común y bastante menos que el 35% general, más estabilidad cambiaria, amortización acelerada y exenciones aduaneras para inversiones tecnológicas mayores a US$1.000 millones. Lo votaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales; lo rechazaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, con Karina Milei presente en el recinto. La discusión no fue qué se aprobó, sino qué quedó sin plata la misma semana: las universidades, que el Gobierno terminó obligado a financiar por la Corte.
El fiscal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba en la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se apresta a exigirle que justifique su patrimonio. En paralelo, La Nación reveló que pagó un monitor gamer y dos proyectores por $5.848.589 con tarjetas de dos funcionarios de su órbita, más de lo que cobraba de sueldo. El PRO pidió interpelarlo y el propio oficialismo frenó esa sesión en Diputados: ahora el Gobierno negocia su salida un fin de semana, sin que la cara del relato 'anticasta' tenga que responder ante el Congreso.
