El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha proclamado oficialmente a Keiko Fujimori como la nueva presidenta electa de Perú, cerrando un proceso electoral sumamente reñido donde el voto consular terminó revirtiendo la ventaja obtenida en territorio nacional por el candidato izquierdista Roberto Sánchez. Con una diferencia definitiva de escasos 49.641 votos, la llegada de Fuerza Popular a la presidencia reubica a Perú dentro de la órbita geopolítica de Washington y consolida la agenda de desregulación y libre mercado en el bloque andino. Esta proclamación se da en medio de una profunda polarización, con la izquierda rechazando los resultados y recurriendo a tribunales internacionales mientras la administración estadounidense se apresura a brindar su respaldo institucional para reactivar los proyectos de seguridad y comercio bilateral.

El escrutinio de la discordia

El conteo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que sirvió de base para la proclamación oficial por parte del magistrado Roberto Burneo en Jesús María, consolidó cifras extremadamente estrechas. Según datos oficiales recopilados por Infobae, Keiko Fujimori obtuvo 9.223.396 votos (50,135%), superando por un margen de centésimas a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien alcanzó 9.173.755 sufragios (49,865%).

Esta diferencia se sostuvo casi exclusivamente gracias al voto de los ciudadanos residentes fuera de las fronteras peruanas. En mi análisis del comportamiento de las actas electorales, se observa que Sánchez mantuvo una ventaja clara en la votación nacional, impulsado por el descontento de las regiones agrícolas e indígenas del sur peruano. Sin embargo, como reporta Página/12, el escrutinio consular en centros urbanos de alta emigración, como los estados de la costa este de los Estados Unidos y España, terminó revirtiendo la tendencia original, otorgándole a Fujimori la mínima ventaja necesaria.

Sánchez ha desconocido este resultado y lo cataloga como una imposición ilegítima. El candidato de Juntos por el Perú denunció irregularidades en la custodia del voto en el extranjero y ha presentado un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según detalla la cobertura de El País. En su discurso tras la ceremonia del JNE, el líder izquierdista declaró que el fujimorismo carece de legitimidad de origen y advirtió que no existirá diálogo político a menos que se libere a los dirigentes campesinos detenidos en las protestas sociales previas, un conflicto que TeleSUR destaca como el núcleo de la resistencia popular en los próximos meses.

El alineamiento geopolítico con Washington

El triunfo de Fuerza Popular representa, desde mi perspectiva geopolítica, la reintegración plena de Perú en el eje de subordinación a las políticas exteriores y comerciales dictadas desde el Departamento de Estado estadounidense. Con el programa económico denominado "Perú con Orden", el fujimorismo promueve la continuidad y profundización del modelo de acumulación privada basado en la exportación de materias primas y la apertura incondicional a capitales transnacionales.

Washington no tardó en reaccionar. Fuentes del gobierno de Estados Unidos confirmaron que la diplomacia del país norteamericano ha recibido con entusiasmo la proclamación de Fujimori, expresando una inmediata voluntad de profundizar la cooperación militar, el control de fronteras y las inversiones comerciales. Como expone un reporte de Swissinfo, la Casa Blanca busca un socio estratégico en la costa del Pacífico sudamericano que actúe como contrapeso a los gobiernos progresistas de la región andina.

La nueva administración fujimorista prepara una serie de acuerdos bilaterales centrados en:

  • La reactivación de programas conjuntos de seguridad e inteligencia militar para combatir el crimen organizado, que encubren la presencia militar de tropas extranjeras.
  • Tratados específicos de incentivos tributarios para multinacionales dedicadas a la minería y agroexportación, consolidando la privatización de los recursos estratégicos.
  • Un alineamiento diplomático automático en foros multilaterales con las directrices norteamericanas, debilitando los espacios de integración soberana regional.

Una gobernabilidad fragmentada

El retorno del fujimorismo ocurre en un Perú que lleva una década encadenando crisis políticas severas, con destituciones presidenciales sucesivas y un Congreso bicameral fragmentado. Keiko Fujimori asumirá el cargo el 28 de julio, pero Fuerza Popular no posee una mayoría propia y sólida en la Cámara de Diputados ni en el Senado, según detalla la crónica de El Comercio. Para sostenerse en el poder frente al descontento de casi la mitad del electorado, la presidenta electa tendrá que recurrir a coaliciones oportunistas con partidos conservadores y clientelistas.

El costo de este pacto recaerá sobre las demandas populares. Sin capacidad ni intención de emprender reformas estructurales que solucionen la crisis distributiva, el próximo gobierno priorizará la represión militarizada del conflicto social en nombre del "orden público". De este modo, Perú inicia un período donde la aparente estabilidad institucional estará subordinada a los intereses imperiales y a un modelo económico excluyente que ya ha demostrado su incapacidad para resolver las desigualdades históricas del país.