András Baka asumió hoy la presidencia de Hungría, ocho días después de que el Parlamento controlado por el partido Tisza lo eligiera para encabezar el desmontaje institucional de los 16 años de gobierno de Viktor Orbán. El nuevo jefe de Estado es el mismo jurista al que Orbán apartó de la Corte Suprema en 2011 por criticar sus reformas judiciales.
El Parlamento húngaro lo había elegido el 11 de agosto en una votación secreta: 140 votos a favor, 6 en contra, ninguna abstención, según Al Jazeera. Baka, de 73 años, llega al cargo con una biografía que lo distingue de sus antecesores: fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo entre 1991 y 2008, y en 2009 asumió la presidencia de la Corte Suprema húngara. Dos años después, el gobierno de Orbán lo removió luego de que Baka cuestionara públicamente reformas que, según él, amenazaban la independencia judicial. En 2014, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que esa destitución había violado sus derechos y constituyó una represalia directa por sus críticas.
Un discurso contra la polarización
En su primera intervención ante el Parlamento, Baka apuntó al legado de los cuatro gobiernos consecutivos de Orbán y señaló la profunda fractura social que dejaron. Cerró con una frase que ya circula como resumen de su mandato:
"Este país no puede construir un futuro común mientras sus ciudadanos se vean como enemigos."
El mensaje contrasta con el tono de la era anterior. Baka reemplaza a Tamás Sulyok, el presidente designado por Orbán que fue removido semanas atrás mediante una enmienda constitucional después de negarse a renunciar. Su salida despejó el camino para que Tisza, el partido que gobierna con mayoría de dos tercios desde su victoria electoral de abril, nominara a Baka el sábado previo a la votación.
La purga institucional sigue
La asunción de Baka se suma a una serie de movimientos con los que el gobierno de Tisza, liderado por el primer ministro Péter Magyar, viene desarmando la estructura de poder construida por Orbán desde mayo: suspendió los noticieros de la televisión y la radio públicas, cerró la Oficina de Protección de la Soberanía creada por el gobierno anterior y estableció un límite de ocho años para los mandatos legislativos y el cargo de primer ministro.
El Fidesz de Orbán boicoteó la sesión que eligió a Baka y acusó a Tisza de recurrir a tácticas autoritarias para rediseñar el sistema político húngaro. Tisza rechaza esa acusación y sostiene que su objetivo es revertir el modelo de concentración de poder que caracterizó a los 16 años de Orbán en el gobierno.
Hungría cierra así un capítulo simbólico: el hombre que perdió su cargo por defender la independencia judicial es ahora quien encarna, en el papel, la garantía institucional de esa misma independencia.
